Ante la impasibilidad del juez federal Sebastián Casanello, que no habría ordenado ninguna medida nueva en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero ligadas a Lázaro Báez, prácticamente a diario se suceden los hechos nuevos.
Por ejemplo, la utilización, por Austral Construcciones, de un sistema de facturación ilegal para evadir impuestos sistemáticamente.
Algunas de las empresas que emitieron facturas truchas son propiedad de la familia Ficcadenti, dueña de las sociedades anónimas Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari.
Estas compañías facturaron a Lázaro Báez al menos $ 50 millones.
Otra firma, Constructora Patagónica Argentina S.A., de la familia Ferreyra, sería la encargada de haber facturado servicios que jamás prestó o de inflar los costos de sus prestaciones. Sólo en 2009, esta compañía le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones. Indudablemente, las incipientes revelaciones sobre la ruta del dinero K en los EE.UU. que empezaron a hacer los voceros de Paul Singer, dispararon múltiples efectos acá y en el exterior.
En la teleconferencia del 8 de octubre, Robert Shapiro y Denis Hranitzky insinuaron que tenían más información que la poca que suministraron sobre las cuentas de Báez.
Según una fuente de Washington, operadores de Singer estarían ofreciendo sumas millonarias en dólares a los que les suministren información sobre las cuentas de la familia Kirchner en las islas Seychelles.
El efecto de éstas y otras señales en la Casa Rosada habría sido devastador, provocando que el flamante titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, le hiciera llegar un mensaje conciliador a Singer a través de los funcionarios del JP Morgan que lo escucharon: que el gobierno argentino se prepara para sentarse nuevamente en la mesa de las negociaciones con los holdouts.
La lectura política es que CFK intentaría apaciguar a Singer y sus socios con la expectativa de que éste frene las investigaciones sobre el lavado de dinero de Báez y otros allegados a ella, a la espera de que la Argentina presente una propuesta de pago de los US$ 1600 millones, que el juez Thomas Griesa ordenó pagarles a los holdouts.
En caso de que el gobierno abandonara su cruzada de patria o buitres para pagarles a estos últimos y salir del actual default y desacato, debería previamente derogar la ley 26.886, que en su artículo 4° dice: “Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”.
Y no sólo esto:
Para pagarles a los buitres y evitar que éstos sigan investigando la ruta del dinero K, Cristina también debería ordenarles a sus legisladores que deroguen la flamante ley de pago soberano 26.984, un estruendoso fracaso, ya que prácticamente no se conocen casos de bonistas que hayan cobrado en Nación Fideicomisos S.A., el nuevo agente fiduciario al cual el BoNY, anterior agente fiduciario que aún no fue removido, no le habría suministrado las listas de tenedores de bonos.
Pero las supuestas intenciones del gobierno de volver a negociar, aun al precio de arriar sus banderas de guerra, su credibilidad en los mercados sería casi nula.
Sobre todo luego del desprecio evidenciado por las sentencias de los tribunales de Nueva York y del falseamiento sistemático de los datos sobre de la evolución del PBI, la inflación, el déficit fiscal, la magnitud de las exportaciones, de las “utilidades” del Banco Central, etc.
Así es que una interpretación probablemente hoy dominante en los medios financieros es que el gobierno busca comprar tiempo haciendo que Singer frene sus peligrosas investigaciones sobre la corrupción K, pero que no hay voluntad oficial de negociar un acuerdo de pago rápidamente.
Lo que sí se advierte es más prudencia.
Ayer, al presentar públicamente el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, la presidente se mostró muy cuidadosa y, por primera vez en meses, no se refirió a los fondos buitres ni a la supuesta confabulación contra la Argentina.
Por otra parte, el acceso de Argentina a los mercados de crédito estaría lejos, aun pagándoles a los fondos buitre.
Lo más probable es que los inversores extranjeros sólo le den créditos al país si el gobierno firma un acuerdo stand by con el FMI que incluya una auditoría del Fondo desde 2006 y un monitoreo de los gastos.
Se trata de algo que CFK no puede aceptar sin depreciarse políticamente.
Todo coincide entonces en que el cristinismo camina ahora por una estrecha cornisa:
Por un lado quiere evitar que comiencen a actuar fiscales de los EE.UU. sobre casos de lavado de Báez, lo que pondría en marcha un proceso irreversible.
Pero por el otro, intenta ganar tiempo para encontrar la forma de que la rendición ante Singer y sus asociados no le signifique a la Casa Rosada una derrota política con consecuencias electorales graves.
Con final abierto
A todo esto, el Juez Griesa, que tiene muchos años en ese cargo y sabe que una cosa es el desacato de una persona física o jurídica y otro es el de un país, está actuando con extrema prudencia.
Daría la impresión de que está dejando correr el tiempo para ver si se encamina alguna negociación.
En lo que hace a la hipótesis de la compra por parte de George Soros del crédito de Singer, da la impresión de que la operación se va diluyendo.
Es que no por nada la triangulación a través del Citi y el Morgan fracasó y Soros debe bien saber por qué fracasó.
En síntesis, el tiempo parece correrle en contra a CFK. Si su actual política es meramente dilatoria, pronto Singer y sus socios podrían llegar a esa conclusión y profundizar la investigación de la ruta del dinero K. Mientras sea presidente, Cristina estaría a salvo de cualquier requerimiento de un fiscal de los EE.UU.
Pero a partir del 10 de diciembre del 2015, su vulnerabilidad judicial sería enorme y cuesta creer que los fueros legislativos, en caso de que los tenga, le alcancen para salir bien parada si el final de su gestión se da en el medio de un colapso económico con estallidos sociales.
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